Escribe: Agustín Gigli – Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha

La política económica del gobierno de Fernández y el Frente de Todos que tiene a los trabajadores en una situación cada vez más agobiante requiere de alternativas reales. El pacto con el FMI debe ser enfrentado con una salida de los trabajadores. Una parte central de la política económica actual del gobierno es convertir aún más a nuestro país en productor de materias primas para el norte global. En esto aparece la megaminería de oro, plata y litio.

El litio es codiciado por su uso en las baterías que almacenan energía para los dispositivos eléctricos, algunos de uso cotidiano pero también vinculado a muchos productos de lujo. El uso de litio en autos eléctricos u otros transportes, no son el camino para la transición energética que necesita el planeta, asfixiado por el hiperconsumismo y la búsqueda de rentabilidad capitalista. Nuestro país posee grandes reservas de litio, tanto en el llamado triángulo del litio (en la puna, junto con Chile y Bolivia) como en el sur, en Neuquén, Río Negro y Chubut. Extraer litio implica un gran impacto en el ambiente, en la puna, dado centralmente por el altísimo consumo de agua que se requiere; en el sur, porque su extracción está planteada para ser llevada adelante con voladuras de los yacimientos a cielo abierto.

En estos días se difundieron algunas posiciones del PO y del PTS que consideramos incorrectas en el marco de los reclamos que viene sosteniendo el activismo ambiental. Desde Izquierda Socialista y nuestra agrupación Ambiente en Lucha escribimos estas líneas para abrir un debate y avanzar de conjunto desde el Frente de Izquierda UNIDAD ante un tema de suma importancia. 

El PO, con un spot de Romina del Pla y Gabriel Solano plantean la “nacionalización” de las empresas megamineras, para realizar una “explotación sustentable y una industrialización en el país”. Sabemos que en el discurso de los partidos patronales “sustentable” es una palabra completamente vacía, en la que se confía en los propios estudios de impacto ambiental que proponen las empresas, y se confía en la veeduría del propio Estado, algo que el movimiento socioambiental viene rechazando a nivel nacional. Pues bien, al no explicar PO cuál sería la vía sustentable de extracción de litio de los humedales-salares del norte que proponen emplear, habría serios riesgos de estar en buena medida tributando a lo mismo. Deja entrever PO, además, que utilizaría los mismos mecanismos de extracción que las multinacionales saqueadoras al plantear cálculos de recaudación equivalentes, pero bajo “gestión estatal”. Ni siquiera el spot menciona la necesidad de dar un control y poder de decisión y veto a las comunidades locales y a las y los trabajadores.

Alejandro Vilca y el PTS también sostienen posiciones similares en su proyecto de Ley presentado en Jujuy, pero si existe un avance al indicar que debe existir un control obrero y de comunidades, aunque esto es planteado sobre la base del eje de dar continuidad a la explotación en los humedales. Discursivamente, esto se sustenta nuevamente con la invocación a un método extractivo “sustentable” que estaría siendo desarrollado por científicos y técnicos del CONICET, pero sin precisiones respecto de si esta técnica se encuentra ya disponible para su despliegue. Así planteado, el proyecto no escapa a legitimar los métodos actuales de explotación al sugerir que la gestión estatal recaudaría lo mismo que la privada, solo que ahora esos fondos serían utilizados para construir 14.000 viviendas en vez de ser embolsados por los capitalistas. Aquí es que señalamos que no podemos desconocer que las multinacionales por default utilizan los métodos de extracción más nocivos para el ambiente en función de maximizar las ganancias. Solo en el mundo de ficción que vende el “capitalismo verde” la obtención de los recursos estratégicos puede realizarse de forma sustentable manteniendo los mismos márgenes de ganancias que los que sostienen las multinacionales hasta el día de hoy. 

Desde Ambiente en Lucha, acompañando a las distintas asambleas que recorren los territorios donde se viven las consecuencias del saqueo ambiental, señalamos que es fundamental el debate respecto de qué hacer con los bienes comunes estratégicos y no renovables, y no hablamos sólo del litio, sino también del agua que hoy las multinacionales depredan. Ningún territorio puede ser zona de sacrificio. 

Creemos que es necesario evitar meterse en ese debate sobre la base de coincidir con las justificaciones del extractivismo capitalista que atan el bienestar de los sectores populares a la destrucción de los bienes comunes. Para nosotres, en cambio, las 14.000 viviendas que efectivamente necesita Jujuy deben construirse en base al no pago de la fraudulenta deuda externa, de impuestos a las grandes empresas, y de cobrarle a las multinacionales por sus crímenes ambientales que -por ejemplo- secaron el Río Trapiche para saquear litio, así como también, que devuelvan los millones de dólares que se llevaron del país subfacturando exportaciones. Digamos más, el cálculo de que las “regalías” de la explotación del litio deben quedarse en los márgenes provinciales, se contiene en los marcos de la reforma constitucional menemista que otorgó a las provincias el “resguardo” de sus bienes naturales. La estatización de los bienes comunes minerales y energéticos debe ir sobre la base de terminar con la provincialización y todas las rémoras de los ‘90 expresadas en el Código Minero menemista, que son la piedra angular del saqueo megaminero. Creemos que el rol de la izquierda no debería ser adaptarse a esa “legalidad”, sino denunciarla y llamar a la movilización para abolirla.

Una posición de izquierda y consecuente con las luchas socioambientales debe pararse ante la pregunta de qué hacer con el litio, y las falsas soluciones y promesas que dicen que “el litio nos va a salvar”, sobre la base de sostener cinco principios elementales e inescindibles:  1) frenar el saqueo y la destrucción ambiental; 2) estatización del conjunto de los minerales estratégicos bajo control de les trabajadores y las comunidades; 3) moratoria (freno) de la explotación supeditada a a) la definición de las comunidades locales y les trabajadores en base a construcción de información científica de forma independiente de los intereses empresariales y de procesos asamblearios de información y participación directa vinculantes, y b) la inversión, descubrimiento y desarrollo nacional de tecnología de obtención de litio que no destruyan los humedales y territorios en general, así como también de desarrollos de valor agregado y generación de empleo en las provincias y no solo exportar materias primas; 4) garantizar el conjunto de los puestos de trabajo de la industria sobre la base de reconvertir la producción en tareas de remediación ambiental sosteniendo los salarios y convenios más favorables, 5) desarrollo de un plan de transición energética que no se base en la búsqueda de ganancias del capitalismo del norte global, sino de las necesidades de adaptación y mitigación al cambio climático de nuestros territorios.  

Por último, hacemos la aclaración, de que sentar posición sobre estos debates en nada tiene que ver con la discusión en curso dentro de nuestro frente sobre la necesidad que estamos planteando desde Izquierda Socialista de poner en pie listas unitarias bajo la fórmula Myriam Bregman-Gabriel Solano. Las diferencias entre nuestras fuerzas políticas no son para nosotres motivo de impugnación política, sino de debate para corregir y trabajar en conjunto. Justamente, si presentamos esta polémica por esta vía, es porque la misma ya está planteada en nuestros espacios asamblearios y de lucha. Por eso, creemos que sería importante que les compañeres del PO y PTS puedan rever su posición, dado que no aporta a la construcción de alternativas socialistas dentro del movimiento socioambiental.