Desde Ambiente en Lucha nos sumamos al conjunto de iniciativas y convocatorias que se impulsan en rechazo a los aspectos regresivos del DNU y las iniciativas parlamentarias del gobierno de Milei. Entre ellas, la carta a las y los diputados para que rechacen las modificaciones de la Ley de Glaciares que impulsan los intereses de la megaminería, y a la cual adhirieron centenas de organizaciones. Lo hacemos en pos de seguir articulando la máxima unidad posible para ponerle un freno a un gobierno reaccionario por dónde se lo mire.

Pero nos parece muy importante dejar sentado que nuestra opinión es que ni la Ley Ómnibus, ni el DNU ni el protocolo antiprotestas pueden rechazarse parcialmente, sino que tiene que ser claro que es sumamente necesario que caigan de conjunto.

De poco serviría lograr que en el tratamiento parlamentario omitan modificar la Ley de Glaciares si al presidente se le terminan otorgando “facultades extraordinarias” para luego decretar leyes en auxilio de los intereses de la megaminería. Más cuando sabemos que gobernadores peronistas y de Juntos por el Cambio se encuentran por estas horas en una gira europea “en búsqueda de inversiones”, un eufemismo para llamar a los negociados para las multinacionales en detrimento de territorios hoy protegidos por la legislación vigente. Es correcto remarcar, como están haciendo desde Abogades Ambientalistas, que existen diputados del bloque peronista que votaron “en contra” de la Ley en general, pero están amenazando con votar a favor el capítulo de las regresiones ambientales.

O ni hablar lo grave que sería si termina avalándose una modificación del código penal que legaliza el gatillo fácil, y avanza sobre la criminalización total de la protesta, tornando ilegales la totalidad de acciones que hoy realizan las asambleas socioambientales de todo el país. Porque sabemos que aún con las leyes ambientales vigentes los territorios vienen siendo pisoteados bajo todos los gobiernos, el principal freno efectivo a esos atropellos siempre fue la organización y la resistencia de las comunidades.

Mientras vemos arder la Patagonia a uno y otro lado de la Cordillera, nada más contrario a las reales necesidades y urgencias de nuestro país que lo que pretende la “Ley Ómnibus” con la derogación de la Ley de Quemas que prohíbe el cambio en el uso del suelo de las tierras incendiadas. La destrucción irrecuperable que estamos viendo y que para nosotres representan imágenes dolorosas, representan frondosos negociados para los Joe Lewis (que quiere desarrollar allí una instalación hidroeléctrica) o los Eduardo Elsztain (que están a la espera de los incendios para transformar en “tierras productivas” lo que hoy son bosques).

Pero corre en este punto, lo mismo que para los glaciares. Para combatir al fuego hace falta rechazar la ley, rechazar las “facultades”, y también derrotar la política de ajuste brutal sobre el Estado que está llevando adelante el gobierno, y que deja sin las herramientas necesarias y sin derechos laborales y salarios dignos a les trabajadores de la primera línea de combate del fuego.

Salgamos a las calles, frente al Congreso y a los cacerolazos barriales, sigamos apostando a la coordinación multisectorial, hagamos todos los esfuerzos necesarios para derrotar de conjunto la política reaccionaria del gobierno del facho de Milei.