Otra vez escribimos en caliente, con el fuego arrasando las sierras de Córdoba, en este caso afectando la zona de Punilla en Capilla del Monte y los pueblos vecinos de Dolores, San Esteban y Los Cocos. El escenario es desesperante, hay centenares de evacuados, rutas cortadas, clases suspendidas, heridxs con quemaduras y al menos 20 casas arrasadas por el fuego. Hoy se detectaron nuevos focos en la zona de Calamuchita, afectando la zona de Intiyaco y Villa Berna.

Es urgente la mayor solidaridad con vecinxs y brigadistas que hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Pero la responsabilidad central pasa por el gobierno provincial de Llaryora y nacional de Milei. Es necesario que se declare ya, la Emergencia Nacional para combatir el fuego y se envíen dotaciones con aviones hidrantes y equipamientos acordes a la terrible situación que vive la provincia.

Crónica de otro incendio anunciado ¿Quiénes son los responsables?

No hace falta ser expertos, para saber que hacia fines del invierno y el comienzo de la primavera lo que florece en nuestras sierras es el fuego que deja terribles pérdidas materiales, poniendo en riesgo a la población y dejando daños irreparables en la biodiversidad que habita el monte nativo. En los últimos nueve meses ya se quemaron más de 40.000 hectáreas y si vemos el acumulado de los últimos cinco años la cifra supera las 500.000 hectáreas.

El gobierno de Llaryora irresponsablemente, declara que Córdoba es autosuficiente para combatir estos incendios cuando la realidad demuestra todo lo contrario, y finge preocupación proponiendo que la Justicia actúe “con todo el peso de la ley” contra los responsables de iniciar estos incendios. La pregunta es: ¿Por qué no destina mayores recursos para prevenir los incendios?. El peronismo gobierna la provincia desde hace 25 años y es el principal responsable del desfinanciamiento de la Ley de Manejo de Fuego que en los últimos años sufrió un recorte de más del 40%. Esta ley, es una de las que Milei pretendía derogar y que este año lleva tan solo un 26,7% de ejecución de su presupuesto disponible (informe de FARN).

No quedan dudas que la responsabilidad de que una y otra vez se prendan fuego las sierras cordobesas es de estos gobiernos que dejan pasar el desmonte y los incendios para favorecer el avance de la especulación inmobiliaria y que crezca la frontera agrícola-ganadera en desmedro del bosque nativo.
Llaryora viene colaborando con el gobierno de Milei, un declarado negacionista del cambio climático e impulsor del “sálvese quien pueda”. Hasta hoy no se conoce declaración alguna del presidente ni mucho menos el envío de asistencia.

De lo que sí hay certeza, es que el gobierno provincial pretende adherir al RIGI, abriendo paso a negociados como el “biocombustible” que requiere de un mayor avance de la frontera agrícola y por tanto de mayor deforestación.

Por un verdadero plan para prevenir el avance del fuego

En lo inmediato hay que imponer la declaración de la emergencia ambiental, que solo vendrá de la mano de la organización y movilización de todos los que acuerden con esta exigencia al gobierno provincial y nacional. Esto significa destinar medios y presupuesto de manera urgente para combatir el avance de los focos actuales y resarcir con el 100% de sus pérdidas a las familias afectadas. Pero es necesario combatir el problema de fondo y que exista una gran inversión en nuevas formaciones de aviones hidrantes, incorporar herramientas de elaboración de zonas críticas y detección temprana de focos de incendios con la ayuda de instituciones académicas y técnicas, la incorporación de equipos de guardaparques y guardaambientes dotados de equipos necesarios de comunicación, detección y prevención temprana de incendios.

Todos esos recursos deben obtenerse de impuestos especiales a las grandes fortunas en general y en particular a los grandes pooles de siembra y grandes consorcios inmobiliarios que son los que están detrás de estos incendios. También hay que terminar con la estafa de la deuda externa y el sometimiento al FMI que es lo que genera un verdadero déficit social y ambiental.

Solo sobre esta base podremos desarrollar y sostener un plan de reparación ambiental y una nueva Ley integral de ambiente con presupuesto efectivo y que cuente con la participación de profesionales expertos en la materia, miembros de organizaciones sociales de cada localidad y representantes de los trabajadores al servicio de cuidar nuestro ambiente y bienes comunes.