Escribe: Redacción Ambiente en Lucha

A principios de abril se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para el comienzo de la etapa de explotación de la mina Josemaría, ubicada en el noroeste de la provincia de San Juan, lindante con La Rioja y a tan solo diez kilómetros de Chile. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó oficialmente que ”la zona de emplazamiento del depósito de colas es de muy elevada peligrosidad sísmica”. Además, Josemaría se emplaza sobre el glaciar El Potro, en incumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares.

La campaña de perforación inicial en la zona (hoy van diez) fue en 2004. Siempre contó con el apoyo de los gobiernos nacionales y provinciales que se sucedieron desde esa fecha. El proyecto Josemaría forma parte de un megaplan donde hay otros 22 proyectos mineros en el departamento Iglesia. María Pía Silva, de la Asamblea de Chilecito en La Rioja, (provincia que también se vería afectada) explicó que “Josemaría es apenas el inicio de un gran plan que pretende convertir toda esa región en zona de sacrificio”,
A contramano del pueblo, Sergio Uñac, el gobernador peronista de San Juan, lo festejó en sus redes: “Este importante proyecto minero, generará más de 4000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, siendo una de las inversiones más grandes del país”.

Un discurso que está en sintonía con lo que planteó Alberto Fernández en esa provincia durante su campaña presidencial por el Frente de Todos en octubre del 2019: “Mis principales aliados son los que exportan. La Argentina necesita eso, que produzcamos, que exportemos y que entren divisas. Todo eso necesitamos hacerlo con la ética que requiere, que vamos para adelante sin lastimar la vida de nadie”, y finalizó: “Celebro lo que ha hecho San Juan, que es explotar los minerales sin desatender el interés social de las comunidades aledañas. Si no hiciéramos eso, seguramente no estaría a favor de la minería”. El acto se realizó en el Ministerio de Minería provincial, que se inauguró con Alberto Fernández, por entonces candidato presidencial, junto a Uñac y al ministro de Minería sanjuanino, Alberto Hensel (luego secretario de Minería de la Nación bajo el mandato Alberto Fernández).

El actual presidente asumió sus funciones en diciembre del 2019, y rápidamente el 16 de enero de 2020 invitó al gobernador Uñac a una reunión de la que participaron además el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y directivos de la compañía Josemaría Resources, la subsidiaria del grupo canadiense Lundin.

Josemaría se ubica sobre la Reserva de Biósfera San Guillermo, un sitio declarado de preservación en 1980 por la Unesco. En esta reserva hay una zona glaciar que alimenta el sistema acuífero de la zona. El proyecto se emplaza en el departamento Iglesia, a 410 kilómetros de la capital sanjuanina y a diez de la frontera con Chile. Allí se planifica explotar cobre, oro y plata. La mina es a cielo abierto y está a 4295 metros sobre el nivel del mar.

Lundin estima una producción de dos mil toneladas diarias de concentrado de cobre. De acuerdo a los trabajos de exploración, Josemaría cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata, que planea sacar por el puerto de Rosario directo a los mercados de Europa y Asia.

“Fernández habla de una minería y de una explotación responsable y con acuerdo social. Le respondemos que no hay minería y explotación responsable –afirmó Silva –. Los ejemplos de la megaminería en nuestro país son nefastos en este sentido. Es desconocer no solo las resistencias que existen en las diferentes comunidades sino también los daños que provoca el modelo minero en las provincias”.

Desde Ambiente en Lucha decimos, junto a las comunidades que luchan para evitar la instalación de esta mina, que no vamos a permitir que sigan destruyendo nuestro suelo, nuestras montañas, que contaminen el agua dulce porque es esencial para la vida. “Los pasivos ambientales son de nosotros, pero los lingotes son ajenos”, sentencian los pueblos que sufren las calamidades que estas empresas contaminantes provocan. Bajo el argumento de generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas se esconde una realidad que se repite en todos los lugares donde estas empresas se instalaron: se llevan las ganancias y dejan un ambiente devastado.