En un contexto de movilización creciente contra el plan de negocios y ajuste a través de una licuación, recorte y congelamiento -en este orden-, depreflación (caída de la economía con inflación alta) y +3.200.000 nuevos pobres sólo en el primer trimestre del año en un total de +22.600.000 -al borde de superar el 50% de la población total-, después de la Gran Marcha Universitaria y del Foro Llao Llao en el que participó Milei diciendo que “el que fuga (lo que no fue al sistema jubilatorio, de obras sociales, fondos de desempleo, salud, educación, obra pública) es un héroe”; el Gobierno Nacional y la oposición “dialoguista” avanzaron en una nueva Ley ómnibus en 2 partes, proyectos de Ley “de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, que no “se licuó” porque, aunque con menos artículos de reformas, mantiene el espíritu de la original (de Sturzenegger, Caputo y otros) y sigue complementada con el megaDNU 70/23 vigente (con el que se dolarizaron los alquileres, disparó el costo de las prepagas de salud, cerró Télam) sólo rechazado por el Senado pero no por Diputados todavía.

Esta nueva Ley ómnibus está programada para empezar tratarse hoy al mediodía en Diputados y, de aprobarla, se estima que ocurra el martes 30 por la noche o el 1 de mayo por la madrugada.

La nueva Ley ómnibus no atiende el problema grande ni de la indigencia ni pobreza, ni del desempleo ni trabajo informal, ni de la educación y salud públicas, ni propone un desarrollo económico no-extractivista y distributivo. Por el contrario, atiende los intereses de los grandes grupos económicos a través de una transferencia enorme de ingresos de los sectores populares a los más concentrados que, actualmente como “planeros”, están liberados de unas cargas tributarias en 5% del PBI que no afectaron en el ajuste.

Para garantizar los quorum y las firmas, tanto en el plenario de comisiones donde se discutió mal y poco por los manejos de las autoridades de La Libertad Avanza, y en el recinto próximamente, los libertarios accedieron al pedido de una reforma laboral ideada por la Unión Cívica Radical, a la vez que cuentan con el apoyo del PRO de Macri y una buena parte de Hacemos Coalición Federal de Pichetto, entregando los derechos de los trabajadores.

Sobre el tratamiento en el Plenario de Comisiones

Como durante enero y febrero con la discusión en comisiones del proyecto original de +600 artículos de reformas que se elaboró a oscuras en el Hotel Savoy y un departamento en Recoleta, ahora no se supo sobre qué texto se discutió y, por lo menos, circularon 4 versiones diferentes. El Frente de Izquierda pidió un cuarto intermedio para resolver esta situación, pero fue ignorado.

Respecto de la reforma laboral, esta se aprobó en el Plenario de Comisiones sin haber sido discutida en una reunión informativa de la Comisión de Trabajo que, para colmo, tuvo una reunión programada para después que debatía sobre legislación laboral junto a trabajadores y especialistas. La misma situación se dio con la eliminación de la moratoria jubilatoria que no pasó por la Comisión de Previsión y otras con la Comisión de Penal. Sólo fue girada a 3 comisiones antes del Plenario.

La reforma laboral tampoco tuvo una discusión y tratamientos previos durante enero y febrero ya que no existió en la Ley ómnibus original. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derechos y los tratados internacionales de Derechos Humanos y Laborales firmados por nuestro país.

De igual manera, los monotributistas no fueron invitados a discutir en la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto por los artículos de reformas que los afectan negativamente.

Ninguna de estas comisiones mencionadas participó en su totalidad de los 2 Plenarios de Comisiones -una por cada proyecto de Ley parte de la nueva ómnibus-. Además, se limitó a 5 minutos el tiempo de exposición de los diputados oradores (una relación de ~46 artículos por minuto, imposible en la práctica) y Espert, que dirigió las reuniones, silenció a algunos de ellos cortándoles el micrófono.

Sobre las facultades extraordinarias y privatizaciones

• Se le delegan facultades extraordinarias a Milei, al Poder Ejecutivo, para aumentar las tarifas de los servicios de agua, electricidad y gas, entre otras cosas
• Pueden ser disueltos parcial o totalmente el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), la CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), entre otros
• Pueden ser modificadas todas las leyes de Protección Ambiental
• Se privatizarán Aerolíneas Argentinas, ENARSA (Energía Argentina), RTA (Radio y Televisión Argentina), Intercargo, AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos), Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria) y Corredores Viales

Sobre la reforma laboral

• Se reforma la legislación laboral vigente de forma regresiva que, bajo el nombre de “modernización laboral”, elimina y reduce derechos conquistados
• Se amplían los períodos de prueba de 3 a 12 meses para los contratados por empresas de hasta 5 trabajadores, a 8 meses en las de 5 hasta 100 trabajadores y a 6 meses en las de más de 100 trabajadores; incentivando una rotación más alta sin indemnizaciones ante despidos y mayor “sumisión” para ser efectivizado
• Se habilita la reducción de la indemnización por despido sin justa causa cambiándola por un fondo de cese laboral estilo “régimen UOCRA”, ideado por Onganía (dictador de la “Revolución Argentina” de 1966 a 1970) que fue ampliado y promulgado por Videla (dictador del “Proceso de Reorganización Nacional” de 1976 a 1981) con las firmas de Martínez de Hoz (ministro de Economía) y Rodríguez Varela (ministro de Justicia) en ese entonces
• Se eliminan las indemnizaciones agravadas para los trabajadores que no son registrados “en blanco”, reduciendo las multas a los empresarios que contraten “en negro” (o “gris”), profundizando la desprotección al trabajador e informalización del trabajo
• Se reducen indemnizaciones varias del trabajo rural y doméstico, y se flexibilizan las condiciones de contratación en el trabajo rural donde actualmente casi el 65% de sus trabajadores son informales y están precarizados
• Se prohíbe que los trabajadores puedan reinstalarse en la empresa que los despidiera discriminatoriamente por causas de origen étnico, religioso, gremial, de salud física, ideología política u orientación sexual. En su lugar, el empleador que discrimine sólo deberá pagar un poco más de indemnización
• Se habilita para todos los casos la posibilidad de que las trabajadoras embarazadas puedan trabajar hasta 10 días antes del parto
• Se amplía el sistema de tercerizaciones de Menem (presidente de 1989 a 1999) y De la Rúa (presidente de 1999 a 2001) de forma que la empresa que subcontrate trabajadores ya no será considerada una empleadora con responsabilidad solidaria, y la relación laboral será siempre con la contratista

Sobre el Impuesto a las Ganancias para trabajadores (4ta categoría)

• Vuelve el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores (4ta categoría) bajo un nuevo nombre
• Como mínimo, 1.100.000 trabajadores volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias y la cifra podría ascender a entre 1.500.000 y 2.000.000 de trabajadores
• Sobre el Impuesto a las Ganancias, es engañoso que los solteros lo pagarán a partir de $1.800.000 porque se eliminan todas las exenciones que podían deducirse hasta un 40% de la ganancia no imponible, como los bonos por productividad, viáticos, gastos de movilidad, vales alimentarios, material didáctico del docente -sumado al FONID (Fondo de Incentivo Docente) eliminado-, horas de guardia del médico que desincentiva la radicación en las provincias del interior que los demandan, entre otros. Actualizando por inflación a la actualidad y futura proyectada con el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) hasta mayo, cuando entraría en vigor esta nueva Ley ómnibus, el trabajador pierde la posibilidad de deducir +$300.000, por lo que empezaría a pagar el Impuesto a las Ganancias a partir de menos de $1.500.000, una cifra apenas un 40% por encima de la línea de pobreza

Sobre el monotributo y monotributo social

• Se modificarán las escalas del monotributo general haciendo que los monotributistas paguen mucho más que los montos actuales
• Se elimina el monotributo social en el que se registran +617.000 trabajadores (y entre 500.000 y +584.000 adherentes a la obra social por grupo familiar, alcanzando entre 1.000.000 y +1.203.000 personas) de los sectores más pobres e indigentes, generalmente de la economía popular, cooperativas e independientes que, incluso actualmente, no alcanzan a cubrir el costo de la CBA (Canasta Básica Alimentaria del INDEC). En el monotributo social, el Estado subsidia con casi $20.000 el total de los componentes previsional y tributario y el 50% de la obra social, de forma que el monotributista social sólo paga el 50% restante. Con esta eliminación pasaría a costarle casi $27.000 que representan hasta el 15% de sus ingresos, en vez de entre los +$3.000 a $6.900 actuales, incentivando que se bajen de este régimen simplificado y pasen a la informalidad y clandestinidad sin una cobertura de salud

Sobre la jubilación y seguridad social

• Se elimina la moratoria previsional por la cual se jubilaron alrededor del 90% de las mujeres a la actualidad, que tampoco tuvo su discusión en una reunión informativa de la Comisión de Previsión, que hasta ahora sólo discutió la fórmula de movilidad jubilatoria
• A la vez que se incluye una moratoria para aquellos empresarios que retuvieron los aportes de los trabajadores pero no pagaron las cargas sociales, sin multas y que incluye a aquellos que no pagaron el aporte extraordinario de las grandes fortunas en 2021 durante la pandemia de COVID-19

Sobre la energía

• Se modifica la Ley de Hidrocarburos para desregularla y a YPF, tampoco discutida en ninguna reunión informativa de Comisión, a través de 63 artículos de reformas que representan casi el 20% de la nueva Ley ómnibus

Sobre el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones)

• (Se mantienen los regímenes especiales vigentes para las empresas de la matriz extractivista: petróleo y gas, minería y agronegocio)
• Se denunció que responde a los intereses de los narcotraficantes, lavadores de dinero, fugadores de divisas y, en específico, Black Rock, que terminará pagándolo el pueblo con narcotráfico criminal, trata de personas, entre otros, mientras la ministra de Seguridad Bullrich impulsa un proyecto de Ley supuestamente “antimafias” desde la Comisión de Legislación Penal que, diseñada para interpretaciones tramposas, serviría para perseguir a quienes se manifiesten y protesten contra las políticas de los gobiernos. Relacionado: “El GAFI advirtió al Gobierno que el régimen de grandes inversores convertirá a la Argentina en un refugio del lavado (La máxima autoridad financiera a nivel internacional contra el lavado anticipó de manera informal sus objeciones al RIGI. “Argentina se convertirá en un paraíso fiscal”, es el diagnóstico)” por La Política Online: https://www.lapoliticaonline.com/economia/el-gafi-apunto-contra-la-ley-bases-argentina-se-convertira-en-un-paraiso-fiscal/
• Se podrán blanquear dinero y activos a partir de los U$S 100.000 con una alícuota 0% y que no será coparticipable a las provincias
• Podrán volver a blanquear quienes ya lo hicieron en 2017, incluidos los familiares y amigos del macrismo, sin plazos máximos ni multas
• Se reduce el Impuesto a las Ganancias de empresas en 10 puntos porcentuales, del 35% al 25%
• Se modifican los derechos de importación y exportación a 0, incentivando el industricidio y la internacionalización de los precios de los bienes de mercado
• Se exime del pago total del IVA (Impuesto al Valor Agregado)
• Se permite el acceso ilimitado al MULC (Mercado Único Libre de Cambios) por 15 años
• Se permite la amortización acelerada de los bienes de capital
• Se permite reclamar ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) donde nuestro país perdió casi siempre

Sobre los beneficios impositivos y el blanqueo para los empresarios

• Se reduce el Impuesto a los Bienes Personales, que es coparticipable a las provincias, del actual 2,25% hasta alcanzar el 0,25% en 2027 para, entre otros, entre las 125.000 a 149.000 personas más ricas -incluyendo una buena parte de los diputados, y senadores que se aumentaron el sueldo a +$7.000.000 brutos- independientemente del valor de sus bienes y de si estos se encuentran dentro o fuera de nuestro país donde, en esta segunda situación, el 70% de los bienes no están declarados
• Quienes opten, que podrán o no ser residentes argentinos (ej. Galperin), por adherir al nuevo régimen fiscal gozarán de un congelamiento de la carga tributaria hasta el año 2038 (abarcando el gobierno actual, los siguientes 2 gobiernos y casi la totalidad del 3ro, unos casi 4 gobiernos en total) respecto de los bienes personales y cualquier otro tributo sobre los activos que incrementarían, sin una contrapartida de inversión productiva, por ejemplo
• Se modifica el ITI (Impuesto a las Transferencias de Inmuebles) para desregularlo

Otras eliminaciones y modificaciones

• Se modifica la Ley que regula las inversiones del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las ANSES) que fijaba un tope a cuánto podía mantener obligatoriamente en acciones, para eliminarlo. Quien esté al frente del FGS podrá venderlas
• Se modifica la Ley de Régimen Penal Cambiario
• Se prohíbe la concesión de obras públicas a entes mixtos y públicos
• Se modifica la Ley de Defensa de la Competencia

Resultados fiscales esperados

Según un informe de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso), lo que podría recaudarse por la reimposición del Impuesto a las Ganancias para trabajadores (4ta categoría) sería un 0,3% del PBI para 2024 y 0,5% del PBI hasta 2027, mientras que lo que se perdería por la reducción del Impuesto a los Bienes Personales sería un 0,33% del PBI para 2024 y 0,61% del PBI hasta 2027, dejando un resultado prácticamente nulo. Por esto, más que la búsqueda de un objetivo fiscal de superávit, lo que se hace es cambiar la composición de la matriz recaudatoria de forma más regresiva cargando más sobre los que menos tienen y menos sobre los que más tienen.

Además, como ambos impuestos son coparticipables a las provincias y también según la OPC, en el caso de Ganancias a las provincias les representaría un 0,19% del PBI en 2024 y 0,29% del PBI hasta 2027, mientras que lo que perderían en el caso de Bienes Personales sería un 0,18% del PBI en 2024 y 0,33% del PBI hasta 2027, también resultando prácticamente nulo en este sentido.

Como antecedente, durante el gobierno de Macri de 2015 a 2019 también se redujo el Impuesto a los Bienes Personales y finalmente no se tradujo en más inversiones productivas para nuestro país.