Escriben: Luis Céspedes y Rodolfo Sánchez, militantes de Izquierda Socialista e integrantes de Ambiente en Lucha – Bariloche.

En abril de 2014, guardabosques del Parque Municipal Llao Llao (Bariloche) intervinieron al ver que una retroexcavadora intentaba profundizar el cauce del Arroyo Angostura. Al detectar la presencia de los guardabosques, los vecinos “emprendedores” que habían contratado los servicios de la maquinaria, lograron huir. El único que fue identificado y al que se le labró un acta, fue Ezequiel Fernández Mezzada. Ya en 2009, siendo presidente de la Junta Vecinal de Llao-Llao, había conseguido de Prefectura un permiso inválido (al menos 3 instituciones más debían autorizarlo) para dragar el Arroyo Angostura. La finalidad, poder pasar cómodamente con sus embarcaciones de un lago a otro.

El Arroyo Angostura, de apenas cien metros, une el lago Moreno con el lago Nahuel Huapi y de acuerdo a diversos organismos científicos y conservacionistas, cumple un papel importante en la reproducción de la fauna del Parque Municipal, el cuál es zona intangible y protegida.

En 2016, el juez Tao Azoátegui, titular del Juzgado Civil 5 de Bariloche, impuso una multa de 30 mil pesos a Fernández Mezzada y en su fallo menciona que “el lugar es un área intangible por ser parte del Parque Municipal Llao Llao, y que el acto lesivo denunciado implica una amenaza grave, concreta y actual, al modificarse la costa del arroyo, lo que afecta el medioambiente y el recurso hídrico”. Durante el fallo, Azoátegui agregó que el objetivo, además de la sanción económica, “es disuadir su futura ocurrencia”.

Los vecinos “emprendedores”, lejos de escarmentar tras el repudio de gran parte de la comunidad local, de los consejos y advertencias de las Universidades y grupos de investigación ictícola sobre los posibles e irreparables daños ambientales, y de la sanción de la Justicia, vuelven a poner al Arroyo Angostura y el Parque Municipal Llao-Llao en el epicentro de un nuevo embate de intereses económicos e inmobiliarios millonarios contra el medio ambiente.

La zona de Llao-Llao, por su belleza natural, es ampliamente codiciada por intereses económicos y grandes negociados inmobiliarios. La zona tanto del lago Moreno y del Nahuel Huapi es exclusiva para adinerados, las propiedades con costa se venden por millones de dólares. Muchas de las propiedades tienen embarcadero propio y el municipio, recientemente, identificó más de 80 embarcaderos ilegales y no declarados tras un relevamiento en el Lago Moreno. El año pasado, tras la muerte de un kayakista y la denuncia de los familiares que no lo pudieron socorrer porque no pudieron acceder a la costa por los alambrados privados, el municipio salió a cortar los alambres ilegales sobre la costa. La ley es clara, pero débil ante las presiones; debe existir una costa pública o camino de sirga para el libre tránsito de 15 metros de la cota máxima de nivel de agua para dar lugar al paso público (antes era de 35 metros).

Durante este mes de julio de 2022, una nueva denuncia en las redes sociales salió a la luz por parte de los Vecinos autoconvocados del Oeste. La denuncia da cuenta de un proyecto que está siendo evaluado por el Municipio de San Carlos de Bariloche, en donde cederían a un emprendimiento “Club Náutico Lago Moreno” un espacio en la zona intangible del Parque Municipal para realizar un embarcadero para amarre de embarcaciones, un galpón para guardería de lanchas, un estacionamiento, instalaciones y el dragado periódico del Arroyo Angostura, dando una cota mínima de diciembre a marzo de 0.7 metros. Esto permitiría el paso de embarcaciones de mayor porte a las que circulan actualmente, poner en jaque a la fauna ictícola y a aquellas que se alimentan de esta como el Huillín (nutria que habita la Patagonia).

Existe cierta expectativa en que el Ente Autárquico Administrador y Científico-Técnico del Parque Municipal Llao Llao (creado por ordenanza 1272-CM-2003), cuyo objetivo principal es la planificación y ejecución del Plan de Manejo del área natural, no autorice el Proyecto avasallador de los Recursos Naturales. Su directorio está compuesto por dos representantes del Ejecutivo Municipal, dos del Concejo Deliberante, un referente de la Junta Vecinal Llao Llao y dos representantes de organizaciones de la ciudad. Actualmente son: Claudio Otano, Pablo Glassman, Liliana Schiavo, Marcelo Casas, Pablo Chamatropulos, Claudio Romero y Carlos Muzio.

Sin embargo, Bariloche ya tiene malas experiencias con situaciones similares, otro Ente Autárquico Municipal, el EAMCEC (creado mediante Ordenanza Municipal N°2203-CM-11), para darle entidad al control municipal para desempeñarse como Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión de la explotación comercial del Cerro Catedral ha sido, en la realidad, un simple testaferro de la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA) y del Intendente Gustavo Gennuso de JSRN (Juntos Somos Rio Negro). Gennuso, a pesar de la movilización popular y la juntada de miles de firmas, recientemente otorgó la prórroga de la concesión para la explotación comercial del Centro Invernal del Cerro Catedral hasta el año 2056. CAPSA, la empresa que usufructa las ganancias es propiedad de la familia Trappa, al igual que Vía Bariloche, Vía Cargo y otras. El complejo invernal, es el mayor de Sudamérica, con 39 medios de elevación, con capacidad de subir más de 30 mil esquiadores por hora y ganancias multimillonarias que en su gran mayoría quedará en manos de esta familia argentina con importante poder económico.

A pesar de la grave situación económica que vive la Argentina, en Bariloche hay un sector que respira otros aires. Exultantes porque en esta temporada invernal 2022 los hoteles y complejos cinco estrellas superan el 90% de ocupación, la venida de turistas del segmento ABC1 (alto nivel económico) busca servicios exclusivos. Tienen alta demanda las travesías sobre la nieve con motos o vehículos 4×4, esquí fuera de pista, baños en tinajas de madera sobre la nieve con agua caliente, para relajar el cuerpo luego de una jornada de esquí en el Cerro Catedral. Gran parte de “este segmento turístico” llega en vuelos privados, desde San Fernando con apenas 7 pasajeros, donde cada pasaje ida y vuelta cuesta unos 6800 dólares, eso sí, en billetes.

Gastón Burlón es secretario de Turismo de Bariloche e integrante del directorio de EAMCEC (contralor municipal del Cerro Catedral). En declaraciones al diario Río Negro (24/7/2022) muestra claramente el ánimo “exultante” local de los comerciantes 5 estrellas y cuáles son las prioridades del Gobierno de Gennuso: “Después de la pandemia comenzamos a notar un incremento de este segmento de turistas [refiriéndose al segmento ABC1] y en el verano se confirmó, comenzaron a ofrecerse servicios que antes no había como el alquiler de embarcaciones y yates privados para pasear”.

Si bien existen leyes que protegen diferentes áreas protegidas, con la ley general de Ambiente o con tratados internacionales de protección de mallines y humedales, en este contexto, está claro qué posición tratará de imponer el gobierno de Gennuso, la aprobación del proyecto “Club Náutico Lago Moreno”. Su postura entreguista a los capitales especulativos tiene base en formar parte del lobby con CAPSA y el gremio de Comercio para explotar el Cerro Catedral. También está la empresa Mi BUS del Transporte público concesionado a un empresario minero amigo, el caso de la privatización de la explotación comercial del Puerto de Bariloche y el de la explotación costanera de la ciudad para estacionamiento pago. Como mencionamos, Gennuso no está solo, toda la entrega la consigue gracias a las bancas del Concejo Municipal (tanto oficialistas como de oposición), de los Entes Autárquicos testaferros que ha creado, de las conducciones burocráticas de los sindicatos socios, de la parsimonia de la Justicia, todos cediendo a las presiones de los “emprendedores” adinerados que pretenderán sacar su tajada a costa de los recursos naturales públicos.

Desde Ambiente en Lucha acompañamos la denuncia y reclamo de las y los Vecinos autoconvocados del Oeste de Bariloche para que esta mega obra no prospere. Llamamos a la población en general, a estar en estado de alerta y organización para frenar cualquier intento de avasallamiento de nuestros espacios protegidos y públicos.