Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Sarmiento se abastecen de agua potable por medio de un acueducto desde el lago Musters. Pero el lago está cada vez más bajo y muchos temen que su futuro sea similar al de su vecino, el lago Coluhé Huapi, que hoy está convertido en un arenal a consecuencia de la intervención en el río que lo abastecía.

Ante la falta de agua, los cortes en el uso se fueron incrementando cada vez más, llegando a días enteros, varias veces por semana. El motivo es claro: la zona es petrolera y ganadera. Toda la cuenca del río Senguer, que lleva el agua hasta el Musters, se encuentra intervenida con sistemas legales e ilegales de tomas de agua para inundar campos (el sistema de riego habitual en la zona) y para las petroleras. Por supuesto que para el Gobierno de Arcioni, el motivo está en el “mal” uso que le da la población y la “falta” de infraestructura adecuada (en el acueducto de más de 200km se perdería mucha agua).

Esta situación fue uno de los motivos por los que el gobierno presentó una proyecto de ley, aprobado en la legislatura, de emergencia hídrica. Esta ley, además de culpar a los usuarios domiciliarios de la falta de agua, autoriza al gobierno a realizar obras de infraestructura. Por supuesto que no hacía falta una ley de emergencia, pero de esta manera pueden contratar amigos sin realizar licitaciones relativamente transparentes. Una de las obras que Arcioni, junto con el gobierno nacional, pretende hacer es el Azud del Lago Fontana. Como ya es habitual, para lograr “licencia social”, cambian los nombres de los proyectos conocidos y rechazados (el proyecto del azud se remonta al año 1947). En este caso, ahora lo denominan “Presa Nacimiento del río Senguer”. Una obra millonaria para no solucionar nada, porque el problema no está en la cantidad de agua que sale del lago Fontana, ni cuándo lo hace, sino en el uso que se le está dando. Sin tocar el uso legal e ilegal que están haciendo las petroleras y los grandes ruralistas, nada se solucionará.

Desde Ambiente en Lucha llamamos a participar de la Audiencia Pública que se realizó en septiembre de 2021, una vez presentado el proyecto de impacto ambiental. Y lo hicimos denunciando este mecanismo, que de por sí está maniatado al no ser vinculante, pero que además, esta vez fue mucho más que un circo. Con el pretexto de la pandemia, Arcioni modificó la reglamentación de las audiencias públicas convirtiéndolas en un simple envío de correos electrónicos a la empresa contratada para redactar el EIA. El resultado, no se sabe cuántas personas participaron, no hubo ningún informe final público y algunas personas recibieron como respuesta un correo electrónico de la empresa donde se reitera ante cada objeción que “No corresponde a esta Consultora emitir opinión al respecto”.

El gobierno de Arcioni, totalmente desprestigiado por su política de impulsar el saqueo a todos los bienes comunes, congelar los salarios de los trabajadores estatales por 2 años y desfinanciar a todos los organismos del estado, abre frentes para continuar el saqueo antes de finalizar su mandato. A la megaminería se le suma el petróleo, la pesca (llegando al colmo de impulsar la habilitación de astilleros que trabajarían para la flota ilegal que depreda el mar argentino), el agua (con el azud del Fontana como lo más avanzado, pero también con el Dique Los Monos y el complejo La Elena en Corcovado entre otros) y el viento.

Desde Ambiente en Lucha llamamos a organizarnos para enfrentar estas políticas de entrega y defender nuestros bienes comunes.