Escribe: Pepe Benegas, vecino del Barrio Confluencia y Concejal electo para Neuquén por el Frente de Izquierda Unidad.

Al igual que en muchas partes del país como Puerto Madero, el Tigre o Costa Salguero, los diferentes gobiernos quiere apropiarse de las costas en favor de los negocios privados. Lo mismo sucede desde hace tiempo en la ciudad de Neuquén con la Península Hiroki. Si bien no es en sí una Peninsula, Hiroki es una zona agreste ubicada en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Que por décadas perteneció a la familia que le da el nombre al lugar.

Desde siempre la costa del Limay ha sido zona de disputa entre los Intendentes y la gente, el caso de la isla 132 es emblemático, allí se desmonto, se ahuyentaron a las especies del lugar y se instalaron edificios donde hoy por hoy se encuentran las oficinas de la Petrolera Vista OIL. Los conflictos se recrudecieron por toda la costa del rio con la política del ex intendente radical Quiroga que cementó toda la ribera con su “Paseo Costero”, hoy Gaido del MPN continua con esa misma política.

En diciembre del 2020, en plena pandemia, el Concejo Deliberante declara la Península Área Protegida, lo que significaba que el Municipio debería proteger la zona quedando en resguardo ante cualquier tipo de construcción contaminante. Semanas más tarde jóvenes y vecinos del barrio Confluencia tuvimos una primera intervención en la Península cuando nos dimos cuenta de la tala indiscriminada de árboles y destrucción del medio ambiente que se estaba realizando, pusimos el cuerpo y frenamos las maquinas con las que estaban arrancando árboles autóctonos de la zona, de más de cincuenta años y haciendo movimientos de tierra para cementar. Con esta acción el Municipio de Gaido, destruyo más de 600m de costa. Esta destrucción tiene como único justificativo realizar un camino que conecte mas rápidamente los barrios privados y cerrados de la zona con la ruta y los puentes hacia la ciudad de Cipolletti. A los pocos días de nuestra acción, en la noche, vemos que se producía un incendio en parte de la Península, algo que jamás había ocurrido en Hiroki acontecía días después de haberle puesto un freno al Municipio. Entre los vecinos y los bomberos logramos apagar los focos sin que pasará a mayores, desde ahí quedó en claro como íbamos a actuar cada uno de los bandos, el gobierno con trampas y subterfugios, y los vecinos juntos y en solidaridad.

Nos dimos cuenta que a menos de un año de la declaración de Área Protegida, el intendente Mariano Gaido estaba destruyendo una de las tres áreas protegidas abarcadas por la Ordenanza 14147 violando toda normativa ambiental, pasando por arriba de los mecanismos que la propia Municipalidad y el Consejo habían creado, como el UGAP un comité donde debían estar todos los actores, vecinos, ambientalistas, la universidad, los concejales y el poder ejecutivo, pero que nunca se puso en funcionamiento. Para cerrar el cuento, la empresa encargada de la obra es CN Sapag, una contratista ligada a los dirigentes históricos del MPN. Vecinas y vecinos junto con Ambiente en Lucha nos organizamos para impedir el avance de las obras pudiendo poner en agenda la problemática que se estaba gestando. Hicimos todo lo posible para visibilizar el conflicto, nos reunimos con Diputados y Concejales, con el Gobierno que nos vendió humo sin dar respuestas concretas al real funcionamiento de lo que dignifica un área protegida, también nos juntamos con el defensor del pueblo, realizamos marchas, reuniones, asambleas de vecinos y vecinas, salimos en los medios locales e hicimos conferencias de prensa para salir en muchos más medios. Por todo esto, el tema se puso en agenda y logramos que la Justicia acepte el amparo que presentamos con la Defensoría del Pueblo, que freno momentáneamente las obras.

Investigando los planos de la intervención del municipio en el Área Protegida encontramos que se querían construir una hostería, muelles, una torre de 20 metros para avistaje de aves y paisajes y puentes. Todo expresamente prohibido por la reglamentación municipal de Áreas Protegidas. El Municipio encaro las obras con tal apuro y con tal ilegalidad que aún 2 años después no existe todavía un plan de manejo, ni un estudio de impacto ambiental, ni la mensura correspondiente al Área protegida que tendría que haber sido realizada por Catastro provincial, este estudio delimitaría en forma fehaciente la zona del área protegida. El colmo es que ni siquiera tienen los planos reales del lugar ya que siempre se manejaron con un croquis realizado por el municipio hace años, y jamás dieron participación a distintos entes y organizaciones ambientales tal como la Ordenanza estipula.

Mientras el Municipio se apuraba en estas obras, poco hizo para evitar o arreglar el desagüe directo al rio de aguas servidas de los habitantes del country al que beneficiaria enormemente la obra. Esto también lo denunciamos, pero nada se ha hecho al respecto.

Es evidente que para este gobierno no es prioritario el cuidado del medio ambiente y prioriza el negocio inmobiliario. Tampoco consideran necesaria la participación de los vecinos a la hora de modificar nuestros espacios y nuestro barrio. Ni siquiera se le dio participación a la Universidad del Comahue.

Como vecinas y vecinos no estamos en desacuerdo con el “progreso”, pero con estas actitudes propias de un patrón de estancia y con la destrucción que hemos presenciado no podemos llamar a esto progreso. Han levantado la ribera del Rio Limay en algunos sectores hasta 2 metros, cambiando el curso del rio y tapando con basura y escombros de la ciudad los humedales y brazos del rio para construir barrios privados y un paseo de más de 10 km. No podíamos esperar otra cosa de quienes en Vaca Muerta promocionan el saqueo y el beneficio de las multinacionales. Bueno, en la ciudad destruyen nuevamente la naturaleza para darle acceso rápido a los saqueadores.

Desde Ambiente en Lucha decimos claramente, basta de tala indiscriminada de árboles, remediación inmediata, que el área protegida sea un parque agreste con la menor intervención posible. Que cesen las obras hasta que se presente el plan de manejo y el estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad Pública de forma independiente y la mensura realizada por catastro de la provincia.

Basta de destruir el ambiente para el beneficio de unos pocos.